El presidente de la Suprema Corte de Justicia reflexionó sobre el papel de los jueces en diferentes ámbitos. "Desde el 2015, el Poder Ejecutivo no se está pagando condenas", afirmó.
Entrevista al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique
Dos hinchas de Peñarol y Nacional fueron procesados por contribuir al nivel de violencia y se les impuso que por seis meses no pueden concurrir a ningún espectáculo deportivo. ¿Cómo se lee este fallo?
Este fallo es una señal muy clara de que el Poder Judicial no está dispuesto a soslayar la violencia en la sociedad. Creo que estamos viviendo tiempos muy particulares. Me preocupa que gran parte de los informativos y la opinión pública esté concentrada en discutir si la Olímpica se va a habilitar o no en el clásico, cuando el país tiene problemas de seguridad muy importantes y vamos a destinar 1.000 policías a tratar de que en este partido no haya problemas de violencia. Creo que es un problema que hace a toda la sociedad, donde también está en discusión qué es lo que se prioriza.
¿Qué se debe priorizar?
Está muy claro que se debe priorizar la seguridad de la población en general. Porque por 40.000 personas que hay en un clásico tenemos tres millones de personas que están necesitadas de seguridad y que no están vinculadas con el clásico. Creo que esas son las cosas que hay que llamar a reflexión. A mí me preocupa.
¿Está de acuerdo con que la Policía esté afuera del estadio?
Entiendo un despropósito que haya 1.000 policías para asegurar el orden en un clásico. Hay un tema de prioridad. Estamos discutiendo si se habilita o no la Olímpica como si fuera un tema de Estado. Lo que no hay que olvidar es que el fútbol está organizado por una organización privada, que es la AUF. Tiene sus reglas propias. De alguna forma, el Estado está llevado a hacer este tipo de esfuerzos que no solo cuestan dinero sino que cuestan de traer fuerzas policiales a otro tipo de cosas que son también importantes.
Estoy de acuerdo en que hay un tema que es la responsabilidad organizadora del espectáculo y otro que es el orden público. Cuando el orden público se vulnera la única fuerza que tiene que actuar es la Policía, que tiene como función la prevención del delito y hacer respetar el orden público.
La Suprema Corte de Justicia le pidió al Gobierno un refuerzo presupuestal. ¿Hubo respuesta?
Pedimos hace un tiempo 26 millones de pesos para llegar a fin de año. Hemos recibido una parte. Tenemos pendiente otra parte. Hemos hablado con el MEF en el sentido de que se han adoptado una serie de medidas de restricción, de control del gasto… Por otra parte, hay un elemento coyuntural que es un atraso en la obra más grande que tiene el Poder Judicial, que es en Maldonado. Al 31 de diciembre vamos a llegar con lo que tenemos hoy. Hemos dejado por el camino una cantidad de cosas, se ha hecho un gran esfuerzo.
La apuesta de la SCJ es empezar al año próximo en condiciones de poder discutir una Rendición de Cuentas a partir de lo que son las necesidades del Poder Judicial y no poniendo de por medio el conflicto sobre los temas salariales. El Poder Judicial no ha recibido un peso más.
Tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo y el subsecretario de Economía, donde se nos pidió que hiciéramos una puesta a punto de cuál era la situación del conflicto judicial, que viene desde el 2010.
El Gobierno dijo que no tiene dinero. Posterga para el 2018. Esto implica cierta dosis de peligro para cuando se intente imprentar el nuevo Código de Proceso Penal…
Nosotros entendemos que hay una sentencia, que es muy clara. Segundo, hay una ley que está vigente, la de Presupuesto. En tercer término entendemos que la situación del Poder Judicial es especialmente delicada y frágil porque estamos sobreexigiendo al sistema en función de esta reforma procesal, para la cual hemos obtenido parte de los fondos necesarios, no todo.
En este momento, que se dispare un conflicto o un conflicto pone el país en la situación de no poder aplicar el Código de Proceso Penal en el 2017. Hoy está en manos del Poder Ejecutivo la posibilidad de buscar destrabar el conflicto. Encontramos muy buena voluntad, mucho entendimiento. Antes estaba cortado el diálogo con la Presidencia. Ahora tenemos un diálogo aceptable. Conozco a los actores. El Poder Judicial es complejo, porque no tiene un sindicato, sino varios. No es un frente fácil de negociación. Ponemos la buena voluntad de la Corte para colaborar en una solución.
Está previsto que el nuevo Código de Proceso Penal comience a funcionar el año que viene… pero, ¿está preparada la Justicia uruguaya para ese cambio?
Estamos trabajando para que el 16 de julio del año 2017, el día del Maracaná, tengamos otro Maracaná poniendo en funcionamiento esto de una manera adecuada, en todo el país. El 30 de noviembre vamos a hacer un desayuno de trabajo invitando a toda la prensa explicando el Plan Director, que es el plan que todo el Poder Judicial ha redactado para poner en funcionamiento el Código de Proceso Penal. Y además el Código Aduanero.
Hay tremendos desafíos. Por ejemplo, en el Poder Judicial van a ingresar 58 nuevos defensores, van a ingresar más de 30 nuevos jueces para poder cubrir los nuevos cargos. Estamos modificando las estructuras de las oficinas judiciales, sobre todo las grandes. Estamos pensando en oficinas con un jefe de oficina que abarque todos los pisos de un edificio y que se encargue de todos los aspectos administrativos. Va a haber que trabajar en doble turno, porque va a haber pocas salas de audiencias.
Además estamos en una profunda renovación tecnológica. Es un cambio revolucionario. Esto está sobreexigiendo a toda la estructura del sistema judicial por eso es importante tener a la gente alineada y en una actitud de colaboración.
Casos de prisión indebida
En primer lugar, lo lamentable que resultan estos hechos. Queremos decir que hubo Tribunales de Apelaciones que estuvieron en condiciones de decretas absoluciones pese a una primera imputación en primera instancia. En nuestro país hay una norma que establece la responsabilidad objetiva del Estado. El Estado paga ante el error cometido. Un ciudadano que tiene un problema como estos, puede demandar al Poder Judicial. Los daños materiales los tiene que probar.
Quiero manejar algunas cifras que me parecen importantes. En el 2015, en Uruguay se dictaron 9872 autos de procesamientos. De esos, unos 6655 con prisión y 3591 sin prisión. Cada vez tenemos más procesamientos con prisión.
En el 2015, el Poder Judicial tuvo 29 demandas por prisión indebida. En el 2016 vamos 35 demandas. El error cuantitativamente no es importante, aunque para cada persona es lo más importante de todo. Institucionalmente lo asumimos. Pensamos que el nuevo Proceso Penal va a ser un factor para mejorar este tipo de cosas, porque es un proceso con mucho más control sobre lo que pasa.
¿Cómo se trabaja el tema hacia adentro tras esos errores?
El sistema judicial tiene la posibilidad de repetir contra el funcionario por lo que paga. En la Corte recibimos un legajo con las revocatorias de autos de procesamiento. Ahí la Corte ve qué actitud se va a tomar. Por lo menos en los casos que yo he visto últimamente, no son casos de un error manifiesto. Muchas veces lo que pasa es que la visión de las cosas es distinta.
Hay una tendencia de que si una cámara filmó, fulanito tiene que ser procesado. La cámara como verdad absoluta. Todo esto es opinable. A veces el apuro lleva a cometer errores. Cuando hay dudas no se puede seguir adelante.
El Uruguay tiene un Servicio de Defensorías pública que es ejemplar en América Latina. Me llama la atención que diga que nunca vio un defensor.
Desde el 2015 no se están pagando condenas. No se están pagando porque el Poder Judicial tenía la obligación de pagar con sus propios fondos estas condenas y todos sabemos que un organismo público no es como una casa de familia. No tenemos un fondo embargable ni ningún rubro para pagar condena. El Poder Ejecutivo no está pagando desde el 2015. El Estado está incumpliendo. Es un hecho grave.
Independencia del Poder Judicial
Está reconocido internacionalmente en cuanto a la autonomía de sus decisiones y su capacidad. Lo que pasa es que como ningún sistema es perfecto, en los últimos años se han ido dando estos problemas. Este conflicto salarial ha envenenado el relacionamiento del Poder Judicial con los otros poderes. De alguna forma están limitando nuestra libertad de actuación.