El texto endurece las medidas contra la inmigración y sobre todo reemplaza los permisos de residencia por razones humanitarias.
Italia adoptó el miércoles un decreto-ley controvertido que endurece su política migratoria, impulsado por el ministro de Interior y jefe de la Liga (extrema derecha), Matteo Salvini.
La Cámara de Diputados adoptó el texto con 396 votos a favor y 99 en contra. El Senado la había aprobado a principios de noviembre.
La ley fue presentada para que obtuviera un voto de confianza en ambas cámaras, un mecanismo tanto Liga como el Movimiento 5 Estrellas (M5S, antisistema), que forman el gobierno italiano, siempre criticaron porque no tiene en cuenta las enmiendas presentadas.
En el voto del miércoles 14 diputados del M5S no participaron.
El texto endurece las medidas contra la inmigración y sobre todo reemplaza los permisos de residencia por razones humanitarias, que son cerca del 25% de las solicitudes y de un plazo de dos años, por otros permisos como "protección especial", de un plazo de un año, o "catástrofe natural en el país de origen", de un plazo de seis meses, entre otras disposiciones.
También autoriza un procedimiento de emergencia para expulsar a cualquier solicitante que sea considerado "peligroso".
Reorganiza asimismo el sistema para recibir solicitantes de asilo que a fines de octubre sumaban 146.000, que serán reagrupados en grandes centros por medidas de ahorro.
Entre las medidas de seguridad adoptadas en el texto se autoriza el uso de armas eléctricas y la evacuación de los edificios ocupados.
El gobierno italiano anunció el miércoles que no firmará el Paco de Migración de Naciones Unidas como se había comprometido en 2016 el anterior gobierno de centroizquierda.
El gobierno italiano no participará en la cumbre del 10 y 11 de diciembre en Marrakech en donde se debe adoptar definitivamente el pacto y se reserva el derecho de "adherir o no al documento cuando el Parlamento se haya pronunciado", declaró el presidente del Consejo, Giuseppe Conte.
El Pacto Mundial para la Migración de la ONU fue concluido en julio, tras 18 meses de negociaciones.
El documento enumera 23 objetivos para aumentar las vías para la migración legal y gestionar mejor los flujos migratorios, en un momento en que el número de personas que cambian de país a nivel mundial aumentó a 250 millones, un 3% de la población del planeta.
Estados Unidos, Hungría, Austria, República Checa, Polonia y Australia ya rechazaron el plan.
/AFP)