Juan Gómez se amparó en la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género y en la prohibición de filtrar información reservada.
El fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó una investigación penal en el caso de violación grupal en Cordón –a estudio de las fiscalías de Delitos Sexuales y Adolescentes– por la presunta vulneración del artículo 92 de la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género (19.580).
El mismo refiere a la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. "El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría", señala.
A su vez, la investigación ordenada por Gómez analizará si se vulneró el artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
Según informó el ministerio público mediante un comunicado este miércoles, el trámite está en manos de la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía, que deberá asignarla a la fiscalía competente.
La solicitud del fiscal de Corte responde a la viralización de videos y audios en los que presuntamente quedó registrado lo que sucedió entre la víctima y los cuatro presuntos agresores antes de que se presentara la denuncia por violación. El abogado de los cuatro jóvenes emplazados, Martín Frustaci, indicó a Telemundo que esta será una pieza clave para probar la supuesta inocencia de sus clientes.
Estos audios, además, fueron difundidos por el programa La Pecera de Azul FM el martes, en un informe en el que se dijo que el tono "lúdico" de la denunciante podría ser indicio de que no hubo abuso.
Al menos 70 dirigentes del Frente Amplio tenían previsto presentar una denuncia por el tratamiento mediático que el conductor Ignacio Álvarez le dio al tema. En un documento, además del artículo 92 de la ley 19.580, los políticos citaron las definiciones de violencia simbólica y mediática que prevé la norma.