"No debe haber en la historia del Uruguay una decisión de gobierno, porque le compete al gobierno, que tenga tanta discusión y aval científico como el hecho de vacunar para el Covid-19", dijo.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este martes a la intimación judicial conocidas días atrás, que solicita que el Poder Ejecutivo y el laboratorio estadounidense Pfizer presenten información pormenorizada sobre las vacunas contra el Covid-19 administradas en Uruguay.
"El gobierno ante una intimación judicial el día de mañana obviamente se va a presentar siendo fiel con tres principios que rigieron toda la pandemia", dijo Delgado, que mencionó a la transparencia, la responsabilidad y el aval científico. El gobierno, afirmó, "va a dar toda la información que tiene que dar".
"No debe haber en la historia del Uruguay una decisión de gobierno, porque le compete al gobierno, que tenga tanta discusión y aval científico como el hecho de vacunar para el Covid-19", sumó el jerarca en rueda de prensa este mediodía en Punta del Este (Maldonado).
Delgado apuntó que "el gobierno tomó decisiones que fueron propuestas y avaladas por los científicos", y agregó que en Uruguay la vacunación anticovid no fue obligatoria sino voluntaria.
Días atrás el juez del Tribunal de los Contencioso Administrativo (TCA) Alejandro Recarey realizó esta solicitud al gobierno en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños, prevista en el país a partir de los cinco años de edad.
"Muy especialmente, se intimará a Pfizer a que en 48 horas manifieste, si la empresa ha admitido, la verificación de efectos adversos de las vacunas contra el denominado Covid-19. En general, y también con detalle relativo a la población infantil", indica Recarey en su solicitud.
El pedido de amparo fue presentado por el abogado Maximiliano Dentone, que había representado al diputado César Vega en un juicio contra el periodista Leandro Grille.
En ese documento el abogado afirma que “el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias, y se cumpla con los requisitos legales, incumplidos hasta el momento”.