Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, deberá presentar las respuestas a las 18 preguntas que le realizó el juez en el marco de la indagatoria.
Este miércoles comenzó el proceso judicial encabezado por el juez Alejandro Recarey por el recurso de amparo presentado contra la vacunación anticovid en niños. Ante la sede judicial han comparecido jerarcas de Presidencia, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el fin de brindar información acerca de los contratos con los laboratorios que vendieron dosis a Uruguay y la composición de las vacunas.
El juez intimó a Presidencia de la República y al MSP a que “presente amplio detalle del contenido de las vacunas Pfizer pediátrica de referencia, según surge del contrato de compra, textualmente; o en su caso que exprese si la confidencialidad expresamente alcanza a este detalle”, de acuerdo a lo que indicó el Poder Judicial.
Los detalles sobre la composición de la vacuna deberán ser presentados este jueves a las 9:00, hasta cuando se resolvió posponer la audiencia para que las partes puedan dar sus alegatos.
Parte de la información que solicitaba el recurso de amparo al que dio lugar el juez Recarey relativo a la vacunación anticovid llevada adelante en Uruguay implicaba que el gobierno diera a conocer los contratos que selló con las diferentes compañías que vendieron dosis al país.
Sin embargo, en el escrito presentado ante la Justicia por parte del MSP y Presidencia de la República se asegura que es imposible responder a esta solicitud, dado que esos documentos poseen una cláusula de confidencialidad que no le permite al Estado uruguayo divulgarlos.
"En caso de divulgación de cláusulas confidenciales se sometería a la República Oriental del Uruguay a la incertidumbre de cómo afrontar otras enfermedades, pues seguramente recaerán consecuencias económicas y de carencia de estas vacunas y de otras", asegura el escrito dado a conocer este miércoles. Se agrega que en este caso también implicaría el "descrédito internacional" para Uruguay. En la misma línea, el riesgo a corto plazo de divulgar los contratos con las farmacéuticas es que éstas opten por cortar el suministro de dosis ya adquiridas y cuya entrega puede estar pendiente.
Este jueves, en tanto, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, deberá presentar las respuestas a las 18 preguntas que le realizó el juez en el marco de la indagatoria.
Las primeras declaraciones
Este miércoles, el MSP y Presidencia de la República acusaron al juez Recarey de no ser imparcial y sostuvieron que "debería excusarse de participar" del proceso que inició tras una acción de amparo presentada para suspender la vacunación anticovid en menores.
"Por haber dado ciertas opiniones previamente, debería excusarse de participar", indican los abogados que representan al gobierno en un recurso divulgado este miércoles por el MSP y que se presentó ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno.
"La anterior afirmación, no resulta un embate personal sin elementos, sino que, muy por el contrario, se encuentra más que fundada y se realiza con el máximo respeto, siendo derecho de nuestras representadas acceder a la Justicia efectiva, lo cual conlleva a la necesidad de que exista un magistrado que no haya emitido juicios de valor previos, que puedan teñir el caso en debate y producir violaciones al debido proceso", agrega el documento.
Para los abogados Recarey "debería excusarse de actuar, por haber dado opiniones previas, tanto relativizando los efectos y gravedad de la pandemia, como cuestionando el rol de la ciencia, de la Administración, de los profesionales de la salud y de ciertas empresas, entre las que estarían comprendidos los laboratorios".
El magistrado no hizo lugar al pedido. "No hay un hilo lógico que lleve a pensar que un juez que desea claridad para fallar, sea por eso solo parcial", afirmó Recarey.
Por otra parte, el MSP desarrolló una serie de fundamentos para contestar los puntos presentados en la acción de amparo, al tiempo que defendió la campaña de vacunación contra el Covid-19.
"El poder Ejecutivo en todo momento actuó salvaguardando y protegiendo los derechos humanos, defendiendo la libertad de los padres, adultos responsables de menores de edad, y adolescentes con autonomía progresiva de la voluntad, de ser vacunados si así desean", indicó la cartera en un comunicado.
Además, aseguró que la actuación del juez constituyó una "clara violación" a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias a cargo del Poder Ejecutivo.
"Las vacunas fueron aprobadas y registradas a nivel nacional. Las vacunas son eficaces y seguras", remarcó la cartera. A su vez, sostuvo que las vacunas lograron disminuir la mortalidad y los contagios, "son un mecanismo para proteger la vida".
Por último, el MSP señaló que el plan de vacunación "fue implementado para mitigar la pandemia, el Poder Ejecutivo actuó bajo las potestades que le confiere la Constitución y la ley".