El ministro que firmó el documento en 2009 aseguró que el fin era atender situaciones de pobreza.
El documento en el que se basa Cabildo Abierto para sostener que la actuación de la ministra de Vivienda, Irene Moreira, fue ajustada a las normas y data del 5 de octubre de 2009.
Es una resolución de funcionamiento a la interna del ministerio. Tiene aspectos coyunturales que se refieren a convenios vigentes con organismos internacionales, pero que establece pautas para mantener un cupo de viviendas en reserva para atender situaciones de vulnerabilidad.
Allí, se establece un cupo de reserva de al menos un 10% de las soluciones habitacionales para ser adjudicadas a personas que tengan ingresos iguales o inferiores a la línea de pobreza y no reúnen las características para poder presentarse a los llamados del ministerio. Establece además que la potestas de la asignación de tal cupo recae sobre la Dirección Nacional de Vivienda.
Telemundo consultó al exministro de Vivienda que firmó la resolución en 2009, Carlos Colacce, quien aseguró que el espíritu de aquella decisión fue atender un convenio que existía con Naciones Unidas para atender la pobreza y que una vez vencidos esos convenios, se establecía que el cupo se usaría para casos de vulnerabilidad de personas bajo la línea de pobreza, aspecto determinante para otorgar o no las viviendas.
Por último, indicó que durante su tiempo al frente del ministerio jamás hizo uso de tal cupo ya que era potestad de la Dirección de Vivienda y no del titular de la cartera definir quienes debían ser los destinatarios a esas viviendas.