El gobierno firmó ayer el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, departamento de San José. La nueva planta tomará agua del río de la Plata y se espera que sirva como segunda fuente de abastecimiento para Montevideo y el área metropolitana. Esta decisión generó polémica con el gobierno electo y las organizaciones ambientalistas que se oponen a la construcción. Para profundizar en lo que significa la firma del contrato, recibimos a Robert Bouvier.
"Todos los proyectos de esta magnitud llevan mucho tiempo. Primero hay que definir la estrategia, y este gobierno definió que iba a ir por una fuente alternativa de agua, el análisis de la identidad privada y todo el tema financiero. Esto requiere un extenso análisis porque son proyectos muy importantes. En diciembre se dio la autorización ambiental y llegó el momento de firmar el contrato.Los cuestionamientos eran de tres tipos: jurídicos, financieros y ambientales. El gobierno está convencido de que no es inconstitucional; eso se viene discutiendo hace mucho tiempo por diferentes posiciones encontradas."