Legisla la producción, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) para un uso seguro y ético.
Entró en vigor la primera ley que regula la inteligencia artificial: se trata de una normativa que legisla la producción, comercialización y uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) para un uso seguro y ético.
La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, pionera en el mundo, comenzó a regir esta semana.
Esta normativa regula el uso de la IA según el riesgo que representa para las personas. Por lo que queda prohibido el uso de sistemas que categoricen a individuos por creencias políticas, religiosas, filosóficas, raza u orientación sexual, así como aquellos que puntúan a personas basándose en su comportamiento y características personales o que manipulan el comportamiento humano.
También se restringe el uso de tecnologías para la creación o expansión de bases de datos faciales mediante la recopilación indiscriminada de datos a través de internet o de videos y se prohíbe el reconocimiento de emociones en centros de trabajo y escuelas.
Aunque la ley prohíbe la vigilancia masiva en espacios públicos, sí se permite el uso de cámaras de identificación biométrica por las fuerzas del orden con previa autorización judicial. Esto se permitirá en casos específicos como la prevención de amenazas terroristas, la identificación de delincuentes involucrados en crímenes graves o la búsqueda de víctimas de trata. Este fue uno de los puntos más difíciles de las negociaciones entre eurocámara y estados para pactar la ley.
Además, la normativa clasifica ciertos sistemas de alto riesgo, como los que influyen en resultados electorales o los utilizados por entidades financieras para evaluar la solvencia crediticia. Estos sistemas solo podrán comercializarse si sus desarrolladores garantizan el respeto a los derechos fundamentales.
Tanto para los sistemas de inteligencia artificial de uso general como aquellos con fines específicos, las sanciones serán las mismas: aquellas empresas que incumplan el reglamento se enfrentan a multas de hasta el 7% de su facturación global anual cuando sean infracciones ligadas a aplicaciones prohibidas, hasta el 3% cuando estén vinculadas a otras obligaciones; y de hasta el 1,5% de la facturación por proporcionar información incorrecta.
Los estados de la Unión Europea tienen hasta el 2 de agosto de 2025 para designar a la autoridad que se encargará de aplicar la legislación a nivel nacional, mientras que a escala europea la tarea recaerá en una nueva oficina de IA en la Comisión Europea.
La mayoría de disposiciones de la ley se aplicarán a partir del 2 de agosto de 2026 con excepción de la prohibición de los sistemas de riesgo inaceptable, que será efectiva dentro de seis meses, y las normas para IA de uso general, que lo serán en un año.