El gobierno entrante tiene varios cuestionamientos a la iniciativa, y busca que la administración saliente las tenga en cuenta antes de tomar una decisión final.
El ministro de Ambiente designado por Yamandú Orsi para el próximo gobierno, Eduardo Ortuño, dijo que hay tres grandes temas a considerar en el proyecto Arazatí: calidad, financiamiento y constitucionalidad son los aspectos que están bajo cuestionamiento.
Ortuño se reunió este miércoles a la tarde con el presidente electo, y allí estuvo sobre la mesa el proyecto que el actual gobierno intenta concretar antes de terminar su gestión: el inicio de la construcción de una nueva toma de agua y planta potabilizadora en la zona de Arazatí, en San José.
Sin embargo, el gobierno entrante tiene varios cuestionamientos a la iniciativa, y busca que la administración saliente las tenga en cuenta antes de tomar una decisión final.
En rueda de prensa luego de reunirse con Orsi, Ortuño señaló por dónde pasan esos cuestionamientos, a la luz de informes técnicos que han recibido de diferentes actores sociales y científicos.
“Un capítulo de desafíos, cuestionamientos o reparos en lo técnico-ambiental, que se vinculan a la ubicación del proyecto. Desde la academia se expresaron sobre el tema y le acercamos las principales conclusiones al presidente. Hay temas vinculados a la salinidad, con el pólder, que fue la respuesta a esos problemas de salinidad y que plantea desafíos importantes. Y también los temas vinculados a la calidad y las cianobacterias, que desde la Facultad de Ciencias se ha señalado que se concentran en esa zona”, dijo.
“Otro capítulo que nos preocupa mucho tiene que ver con el modelo de financiamiento y de gestión que se plantea para el proyecto. Es un costo millonario que se le plantea al país, que OSE no está en condiciones de enfrentar”, apuntó.
“Y el tercer capítulo tiene que ver con los aspectos legales y jurídicos, constitucionales, donde el artículo 47 es muy claro en que la operación de todo el proceso tiene que ser parte de un servicio público, a cargo de una persona jurídica estatal. La toma de agua en manos del consorcio privado es una de las cosas que hemos criticado”, agregó Ortuño.