“Se otorgó de manera exprés y con circunstancias muy poco habituales un pasaporte a un ciudadano uruguayo sindicado como cabecilla de una organización criminal, que estaba preso en Dubái”, dijo Bergara
El Frente Amplio (FA) interpelará a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El miembro interpelante será el senador Mario Bergara.
En rueda de prensa, Bergara dijo este martes que “hay varios aspectos” sobre el caso que “la sociedad tiene derecho a conocer”. “Es muy razonable lo definido por la bancada de senadores del Frente Amplio que es llamar a sala, interpelar al ministro Heber y al ministro Bustillo para que expliquen cosas que no se entienden mucho”, agregó.
En setiembre de 2021, Marset fue detenido en Dubái con un pasaporte paraguayo falso. Luego de que el Ministerio del Interior y Cancillería le facilitaran un pasaporte legítimo pudo salir del país en enero de 2022 y desde entonces está prófugo. Esa es la razón por la que el FA convoca a los ministros.
“Se otorgó de manera exprés y con circunstancias muy poco habituales un pasaporte a un ciudadano uruguayo sindicado como cabecilla de una organización criminal, que estaba preso en Dubái por la utilización de un pasaporte paraguayo falso”, dijo Bergara, y agregó: “También ha trascendido de que el Ministerio del Interior estaría coordinando investigación a través de la DEA con autoridades del Paraguay vinculadas a esta persona”.
Según se supo en los últimos días, el Ministerio del Interior estaba colaborando con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en una investigación contra Marset cuando una de sus dependencias habilitó que se le otorgara un pasaporte de manera legal.
“Son circunstancias complejas, difíciles de entender, por eso llamamos a los dos ministros: para que nos expliquen algo que es, sin dudas, a priori, difícil de entender. Es difícil de entender que se haya otorgado ese pasaporte, de esa manera, porque viajó una persona del servicio exterior uruguayo estrictamente a Dubái para tomar las huellas para poder emitir el pasaporte, y después el pasaporte se manda de manera exprés, contrario a lo que usualmente se hace”, agregó Bergara.
En esa línea, el senador frenteamplista dijo que buscan que los secretarios de Estado expliquen “el accionar de ambos ministerios, y la eventual coordinación o no entre ambos, porque resulta curioso que mientras un ministerio está coordinando una investigación a nivel internacional, otro ministerio expida el pasaporte de esa manera tan irregular, tan exprés”.
La polémica por el decreto que regula los pasaportes
Marset accedió al pasaporte uruguayo de manera legal. Estaba preso en Dubái por ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Fue detenido en setiembre de 2021 y estaba previsto que al cumplirse los tres meses de su detención fuera deportado. Para evitar que eso se cumpliera, Marset decidió tramitar el pasaporte uruguayo y por eso contrató al abogado Alejandro Balbi para que realizara los trámites correspondientes.
Lo primero que hizo el abogado fue tramitar el certificado de buena conducta, que fue emitido por la Policía Científica uruguaya. Esa dependencia del Ministerio del Interior dio luz verde, porque en ese momento Marset no tenía ninguna causa abierta en Uruguay ni impedimento legal. Sin embargo, mientras eso sucedía, en otra dependencia del ministerio funcionarios colaboraban de forma reservada con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que había solicitado información sobre Marset en el marco de la causa “A Ultranza Py”. Esa investigación ubicó a Marset como cabecilla de una de las organizaciones criminales más grandes de Paraguay y autoridades de ese país lo nombraron como el “gerente de la hidrovía” por los cargamentos de droga que consigue trasladar por medio de ese canal.
Una funcionaria diplomática de Dubái debió tomarle las huellas dactilares a Marset estando en la cárcel, así como la fotografía para el pasaporte. Según supo Telemundo, esta es una práctica habitual que va en línea con lo establecido en la Convención de Viena, donde se prevé que funcionarios consulares presten asistencia a sus connacionales. Esto aplica para personas detenidas y también para aquellas que deben ser asistidas en salud.
El canciller Bustillo defendió en los últimos días el procedimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y explicó que todo se ajustó a derecho. Bustillo sostuvo, de todas maneras, que el mecanismo vigente es “imperfecto” y permitió a Marset adquirir la libertad.
A raíz de este caso, Cancillería y el Ministerio del Interior trabajan ahora para cambiar la normativa vigente, que se remonta a 2014, cuando el gobierno de José Mujica (2010-2015) dio una nueva redacción a un decreto de 1993. Ahora las autoridades intentarán que ninguna persona que esté detenida pueda acceder a un pasaporte uruguayo. En caso de ser necesario, se brindará otro tipo de salvoconducto.
Consultado al respecto, el senador Bergara dijo que “el decreto de 2014, durante el gobierno del Frente Amplio, había implicado un leve endurecimiento de los requisitos para el otorgamiento de pasaportes en el exterior, que corregía un decreto de 1993, de cuando gobernaba el Partido Nacional”.
“Si ahora el gobierno está trabajando sobre eso para perfeccionar y endurecer o dejar más en claro algunos aspectos, bienvenido. Pero tiene que quedar claro que lejos de relajar los requisitos para el otorgamiento de pasaportes en estas circunstancias, con el decreto de 2014 lo que se hizo fue más bien endurecer los requisitos, comparado con el decreto de 1993”, apuntó.