La obra del proyecto Arazatí tiene como objetivo abastecer de agua al área metropolitana. Incluye una planta potabilizadora y una tubería de 72 kilómetros que atraviesa los humedales de Santa Lucía.
El gobierno uruguayo apelará la decisión judicial que ordenó frenar la firma del contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción y puesta en marcha del proyecto Arazatí en San José.
“El Poder Ejecutivo tomó conocimiento de una sentencia dictada por el Poder Judicial en la que se ordenó a OSE a no suscribir el contrato vinculado al proyecto Arazatí. El gobierno apelará el fallo esta semana, por lo que corresponde esperar el resultado final del proceso judicial”, indica el comunicado hecho público por OSE en las últimas horas.
En la tarde de este lunes se conoció que el juez Alejandro Recarey ordenó que OSE "no suscriba el contrato" con el consorcio Aguas de Montevideo. El magistrado, que tiempo atrás cobró relevancia pública por la suspensión cautelar de la vacunación para niños contra el Covid-19, admitió una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización denominada Tucu Tucu, informó en primera instancia El País.
Según la sentencia a la que accedió Telemundo, Recarey considera que "hay bases como para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable. En infracción constitucional".
La obra del proyecto Arazatí tiene como objetivo abastecer de agua al área metropolitana. Incluye una planta potabilizadora y una tubería de 72 kilómetros que atraviesa los humedales de Santa Lucía. El lugar de la construcción fue elegido por ser el más cercano a la conexión final con OSE y con agua de menor salinidad.
“Cabe consignar que el proyecto Arazatí garantiza un derecho básico a la población que reside en Montevideo y el área metropolitana, como es el acceso al agua potable”, indica OSE en su comunicado, y agrega que “el proyecto prevé la construcción de infraestructura para potabilizar el agua, independientemente de fenómenos climáticos adversos y problemas técnicos”.
Con esto, desde el gobierno remarca que “se trata de un compromiso para hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años, relacionado con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable, para abastecer más del 60% de la población del país”: “Es la inversión más grande de los últimos 150 años en esta área”.
“Para tomar dimensión de la importancia y necesidad de esta obra, conviene recordar la histórica crisis hídrica que afectó al país el año pasado y su impacto en la calidad del agua”, concluye el comunicado de OSE.
