Empresa de cáñamo más grande del continente ubicada en Salto cerró entre denuncias de estafa y trabajadores reclaman que no cobraron despido

"Era un gran humo. Por lo que surge del expediente se trató de un gran fraude", dijo el abogado de los trabajadores.

El 7 de setiembre de 2020 se inauguró en Colonia Garibaldi -pequeña localidad ubicada a 17 kilómetros de la ciudad de Salto- la planta de procesamiento de cáñamo medicinal Boreal. Se anunció como la planta del sector más grande de América Latina, con casi 5.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de 20 toneladas por día. Asistió el presidente Luis Lacalle Pou y brindó un discurso el entonces ministro de Industria, Omar Paganini.

Tres años después, la empresa está cerrada y el accionista mayoritario -de origen canadiense- denunció al director de la compañía en Uruguay por estafa. El caso es trabajado por la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Gilberto Rodríguez.

"Se hizo la planta, se hizo una inversión millonaria, pero nunca funcionó. Las ganancias nunca se obtuvieron. Era un gran humo. Por lo que surge del expediente se trató de un gran fraude. Se instaló un proyecto de inversión, se vendió a los socios y el resultado económico que se esperaba era ilusorio, era falso", resumió Pablo Perna, abogado que representa a los trabajadores.

El presidente Lacalle Pou llegó el domingo por la noche al departamento de Salto y este lunes participó en varias actividades

Pero la discusión no es solo entre socios: los trabajadores toman parte en este asunto y reclaman que "hasta hoy no cobraron un peso de indemnización" por sus despidos.

Perna estimó que alrededor de 100 personas han "ingresado y sido cesados de forma progresiva" en los últimos meses.

"La empresa hoy está concursada y tiene un patrimonio de US$ 10 millones. Su pasivo es mucho menor. Existiría disponibilidad, pero hasta la fecha no han abonado un peso de la liquidación. Estamos a la espera en el mes de febrero que se va a concretar la junta de acreedores. Ahí se va a resolver si hay algún interesado para que la empresa continúe funcionando o se vende en bloques, por partes", indicó Perna.

Finalmente, Perna eximió de responsabilidad al Estado por el fraude de la empresa: "El Estado no puede inmiscuirse dentro de la interna de cada empresa. Es un proyecto que no salió. Hay denuncias cruzadas y el que paga las consecuencia son los trabajadores sin trabajo, sin ampliación de seguro de desempleo, por la ilusión de una inversión que no se concretó".