"Estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas", apuntó Cancillería en un comunicado.
El gobierno uruguayo expresó en las últimas horas su “gran preocupación” por la inhabilitación en Venezuela de la dirigente opositora María Corina Machado para competir en las elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro buscará ser reelecto.
La candidata de la principal coalición opositora de Venezuela para las presidenciales, Machado, aseguró en las últimas horas mantendrá una lucha por "elecciones libres", pese a que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, lo que le impide participar en las elecciones de este año. En la red social X, Machado dijo que la decisión del Supremo -que establece que su sanción tiene una duración de 15 años, contados a partir de septiembre de 2021- pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba "garantías electorales", así como la revisión de las inhabilitaciones.
"El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias", aseveró Machado. A su juicio, con esta decisión, el presidente Nicolás Maduro y "su sistema criminal" escogieron "unas elecciones fraudulentas", algo que -insistió- no va a permitir.
Con este escenario, la Cancillería de Uruguay emitió un comunicado en el que apunta: “Contrariando los Acuerdos de Barbados firmados en octubre pasado con garantes internacionales, entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y representantes de la oposición política alrededor de la Plataforma Unitaria, se confirmó la inhabilitación de la señora María Corina Machado —entre otros—, líder principal de la oposición y aspirante a participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país, previstas para el presente año”.
“Uruguay observa con gran preocupación estas inhabilitaciones judiciales de opositores políticos para ocupar cargos electivos o públicos, ya que atentan directamente contra la celebración de elecciones libres, democráticas y competitivas, que son el reclamo y anhelo de todo el Pueblo Venezolano y que eran el espíritu rector de la firma de los mencionados Acuerdos”, agrega el texto.