"El Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, es responsable directo por su omisión en implementar una política carcelaria correcta", dijo el abogado Nicolás Pereyra.
La defensa de las familias de tres de las víctimas del incendio en el Comcar afirma que el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) son “responsables directos por su omisión en implementar una política carcelaria correcta”, además de señalar que los reclusos fueron “asesinados”.
La Policía y Fiscalía avanzan en la investigación por el incendio en la celda 94 del módulo 4 del Comcar donde a finales de setiembre murieron seis reclusos y un séptimo resultó herido. Las víctimas ya fueron identificadas por ADN, tienen entre 25 y 29 años, y la Policía espera pericias para determinar el origen del fuego. La hipótesis del caso es que se trató de un incendio intencional del que participaron varios reclusos.
Fuentes de la investigación dijeron a Telemundo que el incendio se inició a partir de que un preso arrojó dentro de la celda varias telas prendidas fuego contra las camas de las víctimas, que fueron encerradas para que no pudieran salir del lugar.
En entrevista con Telemundo, el abogado Nicolás Pereyra, quien representa a las familias de dos reclusos fallecidos y a la de uno que se encuentra internado en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) “herido gravemente por las quemaduras”.
“Hemos tenido acceso a la carpeta investigativa y tomado noticia de que hubo al menos un material inflamable, que se utilizaron colchones, que la presencia policial no alcanzó para prevenir el evento y mitigar lo que pasó después, porque la actuación policial llegó al final, casi cuando ya están todos fallecidos: y es ese el principal elemento que vemos en la responsabilidad estatal”, apuntó Pereyra a Telemundo.
El abogado indicó que este tipo de situaciones no son nuevas en las cárceles y que generalmente son “por venganza”. En cualquier caso, la defensa busca que el Estado asuma su responsabilidad en lo sucedido e indemnice a las familias.
“Perseguimos una indemnización para estas familias que han perdido a un ser querido, por un hecho en el cual el Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, es responsable directo por su omisión en implementar una política carcelaria correcta. Las personas ingresan a la cárcel y después no se puede garantizar de forma alguna su vida, y eso quedó garantizado a lo largo de los años, desde 2016 que las muertes carcelarias vienen en incremento. Se trata de implementar las recomendaciones del comisionado parlamentario, pero se llega tarde”, afirmó Pereyra.
Entre sus argumentos, el abogado indicó que “el hacinamiento y el ocio en las cárceles siguen existiendo”, por lo que “las personas que entran no tienen ninguna posibilidad de rehabilitación”. Además, remarcó que “el Comcar no tiene habilitación de Bomberos”.
“No creo que vaya a haber responsabilidad penal. La familia se opone radicalmente a un proceso abreviado, y quiere que los hechos se diluciden en un juicio oral y público”, indicó el abogado sobre cómo ve que prosiga el caso.
En tanto, sobre las hipótesis de lo sucedido a nivel de intenciones, Pereyra afirma que los reclusos fueron asesinados, y que buscarán comprobar esa situación.
“Hay un montón de testigos reservados. Más allá de la calificación jurídica que pueda haber, aquí hablamos de un homicidio: se usó el fuego para dar muerte a una persona intencionalmente. No nos gustaría que se tipifique incendio con resultado mortal, sino el homicidio, de manera que los homicidas tengan mayor responsabilidad penal en cuanto a la pena”, dijo.