"Hubo grave apartamiento de las normas aplicables violentando los principios de legalidad, igualdad, buena administración, buena fe, transparencia, probidad e imparcialidad, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros que se encuentran en la misma situación", dice el informe.
Un informe realizado por la directora de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda, Marcia Senattore, es categórico en afirmar que la exministra Irene Moreira "actuó con abuso y exceso de poder" en la entrega de casas durante su gestión.
Además de la adjudicación arbitraria y sin fundamento legal de viviendas, Moreira "no prestó la colaboración debida para poder esclarecer" los hechos durante la investigación administrativa posterior a su renuncia.
El País informa que, para la adjudicación directa de viviendas, Irene Moreira y sus colaboradores cercanos implementaron un sistema llamado "planilla puertas abiertas", que "carece de fundamento legal" según Senattore, que realizó los informes junto a la instructora Daiana Da Silva, ambas abogadas.
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Ese estudio caso a caso de las adjudicaciones y expedientes explica que la secretaria de la exministra derivaba las solicitudes de adjudicación por dos caminos: "Al ciudadano común se lo asesoraba sobre los diferentes programas de viviendas y si no cumplía los requisitos se terminaba la atención. Sin embargo, por 'planillas puertas abiertas' se los contactaba para elaborar un informe social, independientemente de si cumplía con las condiciones para postularse”, señala el informe que cita El País.
Así adjudicaron viviendas a una exempleada doméstica de Irene Moreira que no estaba en situación de emergencia habitacional; a una integrante del instituto Melchora Cuenca de Cabildo Abierto con ingresos por encima de la línea de pobreza; otra en Rivera que no tenía informe social previo y ya había sido beneficiada y desalojada por no abonar la cuota y los gastos comunes; y también a una funcionaria que trabajaba para Guido Manini Ríos en pase a comisión.
Por eso la investigación concluye que el comportamiento de Irene Moreira y del exdirector de Vivienda, Jorge Ceretta, fue “arbitrario y no se ajustó a derecho". "Actuaron con abuso y exceso de poder, hubo grave apartamiento de las normas aplicables violentando los principios de legalidad, igualdad, buena administración, buena fe, transparencia, probidad e imparcialidad, privilegiando a ciertos ciudadanos por encima de otros que se encuentran en la misma situación", sentenció.
Además, critica que la exministra "no prestó colaboración debida durante la investigación, con declaraciones que no coincidieron con las pruebas o respuestas de testigos".