Algunos locales están sobrepoblados y los niños reciben tratos “estigmatizantes”, agrega el monitoreo a cargo de un organismo que funciona en la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Los menores que viven en centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) están expuestos a captaciones para redes de explotación sexual y microtráfico de drogas: según un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, algunos locales están sobrepoblados y los niños reciben tratos “estigmatizantes”.
El Mecanismo Nacional de Prevención de Uruguay, que funciona bajo la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos, realizó un monitoreo de los centros de protección especial de 24 horas de INAU en Colonia, San José y Soriano, entre abril y junio de 2024.
El informe concluye que “en relación con el derecho a una vida libre de violencia, se visualizó una alta preocupación por el aumento de los ingresos al sistema de protección por situaciones de explotación sexual, así como por la captación vinculada a redes de explotación sexual y microtráfico de sustancias ilícitas”.
Se constató que las situaciones de exposición y captaciones sucedían de forma reiterada e involucraron a distintos adolescentes que se encontraban en atención y cuidado del sistema de protección.
El Mecanismo de Prevención afirma que los procedimientos que desarrolla el Estado no logran “en muchas situaciones efectivizar medidas de protección ante la exposición y captación” por parte de estas redes delictivas.
Los investigadores detectaron que hubo un aumento de los menores que se atienden y observaron que en varios momentos del año los centros tenían más población de la que podían atender.
En algunos locales se le brinda atención a madres adolescentes que conviven con sus hijos y no tiene garantizadas las condiciones adecuadas para estar allí, según el informe.
Hay “importantes déficits” en materia de atención en salud mental, lo que se explica por la “escasa oferta” de centros asistenciales que existen.
En uno de los centros que visitaron detectaron que había tratos “estigmatizantes o humillantes” por parte de los funcionarios.