El presidente de OSE, Raúl Montero, indicó que, a su juicio, el proyecto Arazatí “no es inconstitucional” porque de ninguna manera “OSE abandona su competencia en el suministro de agua potable” llevando adelante esta iniciativa.
La empresa estatal OSE apeló en las últimas horas el fallo del juez Alejandro Recarey que había ordenado detener las obras para la construcción de la planta potabilizadora del proyecto Arazatí.
El juez tomó la medida tras entender “que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público del agua potable”, aludiendo a una presunta contravención con el artículo 47 de la Constitución de la República.
Sin embargo, tanto desde la empresa como desde otros ámbitos del gobierno, incluido el presidente Luis Lacalle Pou, defendieron de forma inmediata lo que entienden como la “constitucionalidad” del proyecto, que busca generar una nueva fuente de agua potable en el departamento de San José -para abastecer a toda el área metropolitana-.
Semanas atrás, el presidente de OSE, Raúl Montero, indicó que, a su juicio, el proyecto Arazatí “no es inconstitucional” porque de ninguna manera “OSE abandona su competencia en el suministro de agua potable” llevando adelante esta iniciativa.
Ahora, OSE busca dejar sin efecto la resolución del juez Recarey y avanzar en el acuerdo con el consorcio de empresas privadas interesadas en construir la planta potabilizadora.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Ambiente defendieron además que continúan avanzando en “los estudios ambientales” del proyecto y el proceso de construcción.
La obra tiene como objetivo abastecer de agua al área metropolitana. Incluye una planta potabilizadora y una tubería de 72 kilómetros que atraviesa los humedales de Santa Lucía. El lugar de la construcción fue elegido por ser el más cercano a la conexión final con OSE y con agua de menor salinidad. Llevará más de dos años y significará una inversión de unos US$ 250 millones para el Estado.
