Policía allanó este viernes Azul FM por investigación tras divulgación de audios de la violación grupal en Cordón

En la madrugada de este viernes la Justicia imputó a tres de los acusados por un delito de abuso sexual especialmente agravado.

La Policía allanó este viernes al mediodía las oficinas de Azul FM en el Centro de Montevideo luego de que el programa La Pecera de esa emisora -conducido por Ignacio Álvarez- divulgara esta semana audios de la violación grupal ocurrida en el barrio Cordón el 23 de enero, de acuerdo a lo que informó TV Ciudad y confirmó Telemundo.

Tras esto, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó una investigación penal en el caso de violación grupal en Cordón por la presunta vulneración del artículo 92 de la Ley de Violencia Hacia la Mujer Basada en Género (19.580).

Este artículo refiere a la imposibilidad de divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. "El que difunda, revele exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría", señala.

En la madrugada de este viernes la Justicia imputó a tres de los acusados por un delito de abuso sexual especialmente agravado. Irán a prisión preventiva por 180 días mientras culmina la investigación. Un cuarto implicado -menor de edad- todavía no fue imputado.

La fiscal de Delitos Sexuales Sylvia Lovesio se refirió en rueda de prensa a la divulgación de estos registros, algo que consideró “lamentable”.

“Perjudicó a la víctima, la expuso, la afectó a ella y a la testigo. Debemos, sobre todo los medios de prensa y los operadores judiciales, saber cuál es nuestro trabajo”, dijo Lovesio y pidió que la prensa “ayude a que las víctimas puedan seguir denunciando”.

Por su parte, la abogada de la víctima de la violación grupal, Soledad Suárez Navas, aseguró a Telemundo que la difusión mediática de audios grabados por uno de los implicados no solo es delito, sino que busca intimidar a quienes podrían aportar información sobre este y otros casos.

"En la medida que se violentaron esos derechos, esa violencia es un acto de intimidación. Es un mensaje de 'no hables porque pasa eso', para ella y para otras víctimas", indicó la abogada.