El nuevo proyecto otorga a lo interventores "las más amplias facultades de controlar, fiscalizar e investigar, pudiendo observar las decisiones adoptadas por las autoridades naturales en la institución".
La Cámara de Senadores aprobó este martes con el respaldo de todos los partidos el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para "mejorar la normativa" -en palabras de sus impulsores- referida a la intervención del Estado en la mutualista Casmu.
En primer lugar, la normativa -votada como grave y urgente y que en las próximas horas pasará a la Cámara de Diputados- extiende por un año más el plazo máximo de intervención. El proceso comenzó el 29 de julio de 2024 y, en ese momento, se estableció un máximo de un año.
En su artículo primero, además, el proyecto otorga a los interventores "las más amplias facultades de controlar, fiscalizar e investigar, pudiendo observar las decisiones adoptadas por las autoridades naturales en la institución, sugerir correctivos y proponer alternativas". La mutualista continúa bajo el mando de sus autoridades naturales, pese al acompañamiento de los interventores.
El segundo artículo refiere al desembolso "del último tramo del fondo de garantías" que se aprobó en agosto de 2024 y que implica $938 millones. Según detalló la senadora informante, Patricia Kramer (Frente Amplio), existió una "advertencia jurídica del Ministerio de Economía" para establecer algunos cambios en la normativa vigente para asegurar el desembolso.
"Esta modificación del artículo no modifica nada. El monto (es el ya votado), ninguna situación sino que, a mi modo de ver, reconstruye una voluntad legislativa original, que era disponer el acceso al fondo de garantías", detalló. También se aprobó con los votos de todos los senadores, menos del nacionalista Javier García, que sí votó el proyecto a nivel general.
Días atrás, luego del primer Consejo de Ministros, el presidente Yamandú Orsi dijo en conferencia de prensa que el proyecto dará "un marco normativo legal para seguir trabajando y resolviendo la situación del Casmu".
En la misma línea, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que esto está enmarcado en una decisión política de "priorizar la institución" y "dar garantía a la ciudadanía".
Según dijo la secretaria de Estado, los tres interventores están haciendo un seguimiento "muy estrecho" junto a la Dirección General de Salud de la cartera "vigilando y estando muy atentos a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución"